Artículo por la doctora Raysa Portorreal,
Especialista en Gerencia, Servicios para Adultos Mayores y Economía de Salud
Hablar de este fenómeno implica poder aclarar y definir un poco a que nos estamos refiriendo, dice la literatura especializada en el tema (economy web/principios de economia) que un “free rider” es una persona que recibe un beneficio por utilizar un bien o un servicio, pero evita pagar por él.
De ahí, que los ingleses le denominen también “viajero sin billete”. En una estructura de interacción colectiva los free riders son aquellos jugadores o actores que, bajo diversas circunstancias, se ven beneficiados por las acciones de los demás, sin ellos mismos cargar con el coste de esas acciones.
En economía pública un free rider es aquel individuo que tiene interés en beneficiarse de un bien público, la salud, el ejército, la policía, el alumbrado público, pero no está dispuesto a pagar por él.
Esta situación como elemento social genera situaciones a los países cuando una gran cantidad de usuarios de los servicios públicos, con capacidad de pago, no están dispuestos a colaborar por el bienestar común.
En este sentido, es importante definir lo que es un “bien público”, el cual es aquel que produce efectos sobre quienes no han participado en la transacción. Es decir, aquellos que producen efectos para terceros o externalidades que no son susceptibles de internalizarse. En otros términos, aquellos bienes que se producen para todos o no se producen puesto que no se puede excluir a otros.
Los bienes públicos tienen la característica de la no-rivalidad, lo cual significa que el bien no disminuye por el hecho de que lo consuma un número mayor de personas. En consecuencia, los principios de no-exclusión y no-rivalidad caracterizan al bien público, lo cual, a su turno, significa que tienen lugar externalidades, es decir, como queda dicho, que gente se beneficia del bien sin haber contribuido a su financiación (free-riders) o también, en otros casos, gente que se perjudica (externalidades negativas o costos externos) situación ésta última en la que los free-riders son los emisores de externalidades.
De lo que, si estamos claro, es de que los bienes públicos deben ser provistos por el gobierno, ya que, de ese modo, se continúa diciendo, los beneficiarios de externalidades positivas financiarían el producto en cuestión vía los impuestos.
El agravante de esta situación, como parte de un fenómeno social que ya se está extendiendo en países de Europa, es el hecho del consumo de un bien público, cuando este bien esta atado a un derecho fundamental del ser humano, como lo es la provisión de los servicios de salud.
Si trasladamos esta dinámica al caso particular de la evasión impositiva en el caso de los servicios médicos, tendremos una situación de free rider cuando los evasores se aprovechen de los servicios y bienes públicos financiados por los que efectivamente cumplen con sus obligaciones tributarias (pagan sus impuestos). Aunque la calidad de los servicios (servicios de salud) se deteriore por el incumplimiento de los free riders (que por definición no pagan dinero), para éstos el resultado final no es ineficiente porque el perjuicio que les genera el deterioro del servicio público (servicios de salud), casi con seguridad no muy significativo, es menor que el beneficio que obtienen evadiendo el pago de la tarifa.
¿Es el fenómeno Free Rider un Reto en el Sistema de Salud de la República Dominicana?
1. Si, considerando los servicios de salud gratuitos que se otorgan a usuarios nacionalizados extranjeros, de forma particular los servicios que se otorgan en las maternidades del país, por la población de inmigrantes ilegales que persisten cada día.
2. Otro caso que puede ser mencionado es el caso de los usuarios de los servicios de salud, incluidos en el régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), los cuales aun teniendo su ARS privada cuando se les agota la cobertura acuden a los servicios públicos, alegando que no tienen disponibilidad de pago.
Estos elementos contextuales nos llevan a reflexionar sobre la base de motivar a que las personas de la población dominicana asuman el compromiso de pagar por los servicios que reciben, continuar educando en la conciencia de honestidad y transparencia en la racionalización de los recursos de la colectividad.
